Orden Ejecutiva expidiendo Revisiones y Aprobaciones Ambientales para Proyectos de Infraestructura de Alta Prioridad


Por la autoridad que me ha conferido la Presidencia por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, por la presente ordeno lo siguiente:

Sección 1. Propósito. La inversión en infraestructura refuerza nuestra plataforma económica, hace que los Estados Unidos sea más competitivo, genere millones de empleos, incremente los salarios de los trabajadores estadounidenses y reduzca los costos de bienes y servicios para las familias y los consumidores estadounidenses. Muy a menudo, los proyectos de infraestructura en los Estados Unidos han sido rutinariamente y excesivamente retrasados ​​por los procesos y procedimientos de las agencias. Estos retrasos han aumentado los costos de los proyectos y han bloqueado al pueblo estadounidense de todos los beneficios de las mayores inversiones en infraestructura, que son importantes para permitir a los estadounidenses competir y ganar en el escenario económico mundial. Las decisiones federales sobre infraestructura deben realizarse con la máxima eficiencia y efectividad, respetando al mismo tiempo los derechos de propiedad y protegiendo la seguridad pública y el ambiente. Con ese fin, es política del poder ejecutivo racionalizar y acelerar, de manera consistente con la ley, revisiones y aprobaciones ambientales para todos los proyectos de infraestructura, especialmente proyectos que son de alta prioridad para la Nación, tales como redes electricas y sistemas de telecomunicaciones y la reparación y modernización de instalaciones portuarias críticas, aeropuertos, tuberías, oleoductos y carreteras.

Sección 2. Identificación de proyectos de infraestructura de alta prioridad.

Con respecto a los proyectos de infraestructura para los cuales se requieren revisiones federales y aprobaciones, a petición del Gobernador de un Estado, o el jefe de cualquier departamento o agencia ejecutiva (agencia), o por iniciativa propia, el Presidente del Consejo de Calidad Ambiental (CEQ por sus siglas en ingles) de la Casa Blanca deberá decidir, dentro de los 30 días posteriores a la solicitud, si un proyecto de infraestructura califica como un proyecto de infraestructura de “alta prioridad.” Esta determinación se hará después de considerar la importancia del proyecto para el bienestar general, la importancia para la Nación, los beneficios ambientales y otros factores que el Presidente considere pertinentes.

Sección 3. Plazos.

Con respecto a cualquier proyecto designado como de alta prioridad bajo la Sección 2 de esta Orden, el Presidente del CEQ coordinará con el jefe de la agencia respectiva para establecer, de acuerdo con la ley, procedimientos acelerados y plazos para la realización de revisiones ambientales y aprobaciones para tales proyectos. Todas las agencias darán la máxima prioridad a completar dichas revisiones y aprobaciones dentro de los plazos establecidos usando todos los medios necesarios y apropiados. Con respecto a los plazos establecidos de conformidad con esta sección que no se cumplan, el jefe de la agencia pertinente deberá proporcionar una explicación por escrito al Presidente explicando las causas del retraso y proporcionando las medidas concretas adoptadas por la agencia para completar tales revisiones y aprobaciones a la mayor brevedad posible.

Sección. 4. Disposiciones Generales.

(a) El presente decreto se aplicará de conformidad con la legislación aplicable y con sujeción a la disponibilidad de créditos.

(b) Nada en esta orden se interpretará para perjudicar o afectar de otro modo:

(i) la autoridad otorgada por la ley a un departamento ejecutivo o agencia o a su jefe; o

(ii) las funciones del Director de la Oficina de Gestión y Presupuesto relativas a las propuestas presupuestarias, administrativas o legislativas.

(c) Todas las medidas adoptadas en virtud de esta orden deberán ser compatibles con los requisitos y las autoridades para proteger las fuentes y métodos de inteligencia y aplicación de la ley. Nada en esta orden se interpretará para reemplazar las medidas establecidas bajo autoridad de ley para proteger la seguridad e integridad de actividades y asociaciones específicas que apoyan directamente las operaciones de inteligencia y de aplicación de la ley.

  1. D) La presente orden no tiene por objetivo ni crea ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, que pueda ser ejecutado en la ley o en equidad por cualquier parte contra los Estados Unidos, sus departamentos, agencias o entidades, sus funcionarios, empleados , o agentes, o cualquier otra persona.

DONALD J. TRUMP

LA CASA BLANCA,

24 de enero de 2017.