Orden Ejecutiva Presidencial en una Fuerza Especial para la Reducción de la delincuencia y la seguridad pública


La Casa Blanca

Oficina del Secretario de Prensa

Para publicación inmediata                                                                                                    09 de febrero de 2017

ORDEN EJECUTIVA

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FUERZA ESPECIAL PARA LA REDUCCIÓN DE LA DELINCUENCIA  Y LA SEGURIDAD PÚBLICA
Por la autoridad conferida en mí como Presidente por la Constitución y las leyes de los Estados Unidos de América, y con el fin de reducir la delincuencia y por la seguridad pública a las comunidades a través de la Nación, se ordena de la siguiente manera:

Sección 1. Política. Será la política del Ejecutivo para reducir el crimen en Estados Unidos. Muchas comunidades de toda la nación están sufriendo de altas tasas de crímenes violentos. Un enfoque en el orden público y la seguridad del pueblo estadounidense requiere un compromiso de hacer cumplir la ley y el desarrollo de políticas que aborden de manera integral la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y el crimen violento. El Departamento de Justicia deberá tomar la iniciativa en las acciones federales para apoyar los esfuerzos de aplicación de la ley en todo el país y colaborar con estatales, tribales y las jurisdicciones locales para restablecer la seguridad pública a todas nuestras comunidades.

Sección. 2. Fuerza Especial. (A) En cumplimiento de la política descrita en la sección 1 de esta orden, por medio de la presente ordeno al fiscal general que constituya, y nombre o designe a una o varias personas a presidir, una Fuerza Especial para la Reducción de la delincuencia y la Seguridad Pública (Fuerza Especial). El Fiscal General, en la medida permitida por la ley, deberá proporcionar apoyo administrativo y la financiamiento de la Fuerza Especial.

(B) El Fiscal General determinará las características de la Fuerza Especial que se compone de individuos designados o designadas por él.

(C) La Fuerza Especial deberá:

(I) intercambiar información e ideas entre sus miembros que será útil en el desarrollo de estrategias para reducir la delincuencia, incluyendo, en particular, la inmigración ilegal, el tráfico de drogas y el crimen violento;

(Ii) sobre la base de ese intercambio de información e ideas, desarrollar estrategias para reducir la delincuencia;

(Iii) identificar las deficiencias en las leyes vigentes que las han hecho menos efectivas en la reducción de la delincuencia y proponer una nueva legislación que podría ser promulgada para mejorar la seguridad pública y reducir la delincuencia;

(IV) evaluar la disponibilidad y adecuación de los datos relacionados con el delito e identificar las medidas que podrían mejorar la recopilación de datos de una manera que ayudará en la comprensión de las tendencias del delito y en la reducción de la delincuencia; y

(V) llevar a cabo otros estudios y desarrollar cualquier otra recomendación según las indicaciones de la Fiscalía General.

(D) La Fuerza Especial se reunirá a solicitud del Fiscal General, y se podrá ser disuelta una vez que ha logrado los objetivos establecidos en el inciso (c) de esta sección, según lo determinado por el Fiscal General.

(E) La Fuerza Especial presentará al menos un informe al Presidente el plazo de 1 año desde la fecha de esta orden, y un informe posterior, al menos una vez al año a partir de entonces, mientras que la fuerza especial se mantiene en la existencia. La estructura del informe se deja a la discreción del fiscal general. En su primer informe al Presidente y en ningún informe posterior, la Fuerza Especial presentará un resumen de sus conclusiones y recomendaciones en los incisos (c) (ii) a (c) (v) de esta sección.

Segundo. 3. Disposiciones generales. (A) Nada en esta orden será interpretado para alterar o afectar de otro modo:

(I) la autoridad concedida por la ley a un departamento ejecutivo u organismo, o la cabeza de la misma; o

(Ii) las funciones del Director de la Oficina de Administración y Presupuesto en relación a las propuestas presupuestarias, administrativas o legislativas.

(B) Esta orden se llevará a cabo de conformidad con la ley y con sujeción a la disponibilidad de créditos aplicables.

(C) Esta orden no pretende, y no lo hace, ni crea ningún derecho o beneficio, sustantivo o procesal, ejecutable en derecho o en equidad por cualquiera de las partes en contra de Estados Unidos, sus departamentos, organismos o entidades, sus funcionarios, empleados o agentes, o cualquier otra persona.

Donald J. Trump

LA CASA BLANCA,
9 de febrero de 2017